la prisión sorprendió a Rosario Robles

13 Agosto 2019

Nayeli Roldán

A las 5 de la mañana, Rosario Robles tenía un semblante de cansancio muy parecido al de los asistentes a su audiencia judicial, que para entonces llevaba 9 horas, pero ella era la única con las manos entrelazadas sosteniendo su barbilla. Esperaba que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolviera la petición del Ministerio Público de darle prisión preventiva.

Minutos antes había pedido la palabra por primera vez en toda la audiencia. “Me he presentado aquí absolutamente voluntario. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas”.

 Y siguió, con voz suave y pausada: “Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas a mis espaldas”.

Intentaba, a toda costa, convencer al juez que podría continuar su proceso judicial en libertad. “Siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. Entiendo el apetito del Ministerio Público después de que han querido procesar a varios que están sustraídos de la justicia”.  

 Momentos antes, a las 4:56 de la madrugada el juez Delgadillo Padierna había pronunciado la decisión que los abogados de Robles intentaron evitar durante las últimas 10 horas: “Se dicta auto de vinculación a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por afectaciones ocasionadas por las omisiones en la Sedesol y Sedatu”.

Eso significaba que Robles debía continuar el proceso judicial por la presunta omisión por no informar a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, ni detener las irregularidades en la contratación de universidades por parte de la Sedesol y la Sedatu para hacer supuestos servicios, aunque estos se simularon y el dinero desapareció, como documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.

 Pero la peor noticia vendría con la petición de los fiscales para que el juez le impusiera prisión preventiva como medida cautelar, aunque el delito señalado no lo ameritara. El fiscal argumentó que en este caso existía “riesgo de fuga”.

El fiscal enlistó “los riesgos”: según investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Robles tramitó una licencia de manejo con una dirección distinta a su supuesta residencia de los últimos 24 años en la alcaldía Coyoacán. Esa “falsedad” en su domicilio fue determinante para considerar riesgo de fuga, según explicaría luego el juez.

También que en el citatorio de la primera audiencia y luego en una diligencia policial, no fue localizada en el domicilio de Coyoacán. Aunque la defensa explicó que en la primera ocasión estaba fuera tomando un curso y en la otra vacacionaba en Costa Rica, no convenció al juez.

Incluso, dijeron los fiscales, Robles podría huir al extranjero debido a que tenía los medios económicos luego de haber trabajado durante un sexenio como secretaria de Estado y con sueldo mayor a 220 mil pesos, como era antes de la “austeridad” del actual gobierno federal, y como lo demostraba su reciente viaje al extranjero. 

Tampoco tiene “arraigo” en la Ciudad de México porque ni siquiera está trabajando en algún sitio. “Por este asunto mediático no he podido concretar proyectos”, replicó ella. “Aquí vive su hija, su familia, aquí tiene arraigo”, dijo la defensa. Tampoco fue suficiente para el juez. 

Los fiscales consideraron que su prisión impediría que ella quisiera destruir o sustraer documentación, persuadir a excolaboradores de “falsear” pruebas o testimonios y también serviría para proteger a los tres funcionarios que han testificado en su contra. “Podrían ser objeto de amenazas o se ponga en riesgo su vida”. 

“A las personas que han declarado no me les he acercado. Yo estoy aquí para defenderme, soy una mujer de paz, jamás he atentado contra nadie”, replicó ella.

La defensa de Robles en voz de José Manuel Saucedo apeló a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de la ONU que aboga porque la prisión preventiva no sea “regla general” y buscó convencer al juez de aplicar otra medida “menos lasciva”, como la entrega del pasaporte o una garantía económica.

El juez Delgadillo se tomó más de 20 minutos para analizar los argumentos. Rosario esperaba sentada con la mirada fija frente al estrado. Pasó toda la madrugada en una silla, enfrentando una agotadora audiencia de 10 horas, pero su cabello y maquillaje seguían impecables. Se había puesto un saco azul, que apenas dejaba ver su pañoleta roja al cuello y ocultaba su vestido blanco. A ratos se llevaba las manos al rostro o las frotaba. El aire acondicionado se sentía cada vez más frío.