Agresiones a periodistas. Hacia nuevas formas y métodos desde el poder

5 marzo 2018

Oscar Farías Rodríguez

Secretario de Protección a Periodistas de la Federación Nacional de Periodistas y Editores de México A.C. (FENAPEM)

Matamoros, Tamaulipas, Marzo/04/2018.- Mientras los homicidios a periodistas continúan en su patético rango anual, la represión contra periodistas desde particulares y diferentes esferas gubernamentales en México, no sólo continúa, sino que se incrementa exponencialmente al grado de intentar reducir a muchos de ellos a casi cero, con métodos fundamentados en la amenaza y el miedo en caso de publicar artículos críticos sobre ppersonajes o políticos corruptos en funciones de poder, creando un entorno intimidatorio que en ocasiones procede desde las propias oficinas de prensa de las propias instancias de gobierno.

A esto se le suma, que en México, ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo, y que actualmente ostenta el primer lugar mundial en asesinatos a periodistas, donde el 90 por ciento continúan en la impunidad, a la vez que algunas fiscalías estatales cada vez se esmeran más, en crear amañadas “evidencias” con el fin de desvincular la actividad periodística del móvil del crimen, atribuyéndolo a otras razones.

Como ejemplos, tenemos los casos de Armando González Treviño, en Tamaulipas, que aún no concluye la investigación ni hay detenidos, y la de Gumaro Pérez, último reportero asesinado en México en 2017, donde la Fiscalía General de Veracruz, señaló que la víctima podría haber tenido vinculaciones con la delincuencia organizada en el estado mexicano más mortífero para el gremio periodístico con 24 asesinados desde el año 2000, en su mayoría bajo el mandato del gobernador, procesado por corrupción y delincuencia organizada, Javier Duarte.

Lo cierto es que el país está atravesando un periodo de violencia creciente, a lo que se une otra denuncia igual de grave y preocupante, más del 90 % de los crímenes contra reporteros quedarían impunes, una impunidad que podría explicarse por la “corrupción generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que miembros del gobierno a veces están relacionados con los cárteles”. En definitiva, matar a quien no calla saldría casi siempre gratis.

Los diversos informes realizados por Reporteros Sin Fronteras insisten en señalar que en México, “donde imperan los cárteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden hasta ser ejecutados a sangre fría”. La citada organización señala, por ejemplo, el caso de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo en el estado de Sinaloa.

El coartar la libertad de expresión o la libre expresión de las ideas parece haberse convertido en una cultura institucional que ya no sólo se ve en los gobiernos, sino en particulares e instituciones donde los intereses de los titulares se sobreponen sobre las libertades de los periodistas y surgen las amenazas y agresiones que en ocasiones llegan a convertirse en homicidios.